Dieciocho colectivos exigen la renuncia del subdelegado del Gobierno en Granada tras el controvertido desalojo policial

La actuación de la policía durante un intento de desalojo de un edificio en el corazón de Granada ha suscitado una gran controversia entre colectivos, organizaciones sociales y sindicatos de la capital andaluza, quienes han señalado el comportamiento del dispositivo policial. El pasado 21 de enero, una empresa especializada en desalojos extrajudiciales, contratada por los propietarios del inmueble, intentó expulsar a más de una docena de personas que ocupaban sin autorización el bloque de pisos en la calle Azacayas, en el casco histórico de Granada. Los denunciantes consideran que dicha actuación fue ilegal y también consideran fuera de la ley la posterior intervención de los agentes de policía contra un numeroso grupo de manifestantes que se congregaron a las puertas del edificio para apoyar a los ocupantes.

Las 18 organizaciones firmantes de la denuncia solicitan la dimisión del subdelegado de Gobierno, José Antonio Montilla, como responsable en la provincia granadina de las fuerzas policiales y la “ilegalización de las empresas de desalojos extrajudiciales por tener como objeto la vulneración de derechos fundamentales y porque sus fines, métodos y publicidad va contra la legalidad vigente”. El subdelegado del Gobierno, Montilla, ha defendido que la policía actuó aquel día “de manera muy adecuada, muy correcta”.

Los colectivos que denuncian la actitud policial ha presentado el escrito en la subdelegación del Gobierno y además de la ilegalización de la empresa y la dimisión de Montilla, exigen “la libertad sin cargos de la persona que fue detenida” y un compromiso de los responsables políticos y policiales que ponga fin a lo que consideran es una “colaboración entre la Policía Nacional y las empresas de desalojos extrajudiciales”.